Las Medidas Administrativas sobre la Información de los Propietarios Beneficiarios (en adelante, las «Medidas»), promulgadas por el Banco Popular de China (BPC) y la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR), entraron en vigor el 1 de noviembre de 2024.
Objetivo e importancia de las medidas
El objetivo principal de las Medidas es aumentar la transparencia del mercado, salvaguardar el orden financiero y del mercado, y prevenir y combatir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilegales. Las Medidas desempeñan un papel esencial en la optimización del entorno empresarial en China, al definir claramente las estructuras de propiedad de las empresas y el control y beneficio últimos. Esta transparencia fomenta una mayor simetría de la información, la confianza entre las entidades empresariales y mejora la eficacia y la seguridad del mercado.
Desde una perspectiva internacional, el registro centralizado de los beneficiarios reales se ha convertido en una norma mundial para los esfuerzos contra el blanqueo de capitales (ALD) y la corrupción. Organizaciones como el G20, el Banco Mundial y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) promueven la transparencia de la titularidad, convirtiéndola en un punto de referencia fundamental en las evaluaciones internacionales. La mayoría de las principales economías han establecido regímenes similares para alinearse con estas normas mundiales.
Entidades declarantes e identificación de los beneficiarios efectivos
Entidades declarantes
Las Medidas exigen que las siguientes entidades presenten la información sobre el beneficiario efectivo a través del sistema de registro pertinente:
- empresas;
- asociaciones;
- sucursales de empresas extranjeras; y
- cualquier otra entidad estipulada por el PBC y el SAMR.
Las empresas de propiedad individual están actualmente exentas.
Las entidades con un capital social inferior a 10 millones de yuanes (o su equivalente en divisas) y cuyos accionistas o socios sean todos personas físicas pueden estar exentas de presentar la declaración si ninguna persona externa tiene el control o se beneficia por medios indirectos. Esta exención está condicionada a un compromiso asumido por la entidad.
En el caso de las empresas de propiedad totalmente estatal y las empresas controladas por el Estado, el representante legal deberá figurar como beneficiario efectivo.
Definición e identificación de los beneficiarios efectivos:
Un beneficiario efectivo se define como una persona física que en última instancia posee, controla o se beneficia de la entidad. El concepto de beneficiario efectivo incluye la propiedad, el control y los beneficios, y debe remontarse hasta una persona física. Los criterios para identificar a los beneficiarios efectivos incluyen:
- Propiedad directa o indirecta de más del 25% del capital, acciones o participaciones sociales.
- Disfrute de más del 25% de los beneficios o de los derechos de voto de la entidad.
- Control real de la entidad, por ejemplo mediante acuerdos, influencia significativa en la toma de decisiones o control financiero.
Si ninguna persona cumple estos criterios, la persona responsable de la gestión diaria de la entidad debe registrarse como beneficiario efectivo.
Información necesaria para la presentación
Las entidades obligadas a presentar la declaración deberán facilitar la siguiente información:
- Datos personales del beneficiario efectivo: nombre, sexo, nacionalidad y fecha de nacimiento.
- Dirección de residencia habitual o lugar de trabajo.
- Información de contacto.
- Detalles del documento de identificación, incluido el tipo, el número y la fecha de caducidad.
- Naturaleza de la propiedad efectiva, incluyendo cómo se estableció y las fechas pertinentes.
- Detalles sobre la propiedad o el control, como el porcentaje de capital o los derechos de voto, si procede.
El registro debe realizarse en el momento de la inscripción inicial y cualquier cambio debe actualizarse en un plazo de 30 días. Si el registro no puede realizarse a través del sistema en línea, las entidades pueden presentar las solicitudes en persona, pero deben actualizar sus registros en línea en un plazo de 30 días a partir del establecimiento.
Las entidades registradas antes del 1 de noviembre de 2024 deberán garantizar el cumplimiento antes del 1 de noviembre de 2025.
Consecuencias del incumplimiento
El artículo 14 de las Medidas describe las consecuencias del incumplimiento de los requisitos de presentación de la información sobre el beneficiario efectivo:
- Incumplimiento de la obligación de presentar la información: Toda entidad que no presente la información sobre el beneficiario efectivo según lo exigido será sancionada de acuerdo con la normativa administrativa pertinente relacionada con el registro de empresas.
- Información inexacta: Si el PBC o sus sucursales descubren que la información sobre el beneficiario efectivo presentada es inexacta, emitirán una orden para que la entidad corrija la información en un plazo determinado.
- Sanciones por falta de corrección: Si la entidad no realiza las correcciones necesarias en el plazo estipulado, se le podrá imponer una multa de hasta 50.000 yuanes.
Protección de la información y medidas de cumplimiento
Protección de la información
China garantiza que la información sobre beneficiarios reales se mantiene confidencial y no se divulga públicamente. Sólo pueden acceder a esta información los organismos gubernamentales y las instituciones de lucha contra el blanqueo de capitales que desempeñan sus funciones legales, de forma similar a las políticas de países como EE.UU. y Singapur.
Facilitación del cumplimiento
Para simplificar el proceso de presentación para las pequeñas empresas y microempresas, las entidades elegibles pueden utilizar una «exención de compromiso» en la que reconocen el cumplimiento seleccionando una confirmación dentro del sistema, lo que les exime de la presentación detallada. El PBC publicará orientaciones para ayudar a las entidades a cumplir estos requisitos.
Recomendaciones para el cumplimiento
Con las Medidas ya en vigor, es fundamental que las empresas revisen sus estructuras de propiedad y garanticen su cumplimiento. Las empresas con acuerdos de propiedad o control complejos, como los que implican un control contractual o estructuras en capas, deben evaluar si cumplen los criterios para evitar posibles repercusiones legales relacionadas con la no divulgación o la presentación de información inexacta. La preparación proactiva y la transparencia serán esenciales para alinearse con estas normativas y prevenir los riesgos asociados.
