El 26 de abril de 2024, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional promulgó la Ley de la República Popular China sobre Derechos de Aduana en virtud del Decreto Presidencial nº 23.
Esta nueva ley, que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2024, supone una importante revisión del marco de derechos de aduana de China y sustituye al Reglamento de la República Popular China sobre Derechos de Importación y Exportación (revisado en 2017).
Este artículo pretende destacar las características clave de la nueva ley y compararlas con las regulaciones existentes, proporcionando una comprensión global de los cambios y sus implicaciones para el comercio internacional y la administración aduanera en China.
Antecedentes y propósito legislativo
La nueva ley se promulgó para normalizar la recaudación y el pago de los derechos de aduana, salvaguardar el orden de importación y exportación, promover el comercio exterior y apoyar un desarrollo de alta calidad.
Enfatiza el papel de los derechos de aduana en la protección de la soberanía nacional, los intereses y los derechos legítimos de los pagadores de derechos.
Estos objetivos se alinean con las políticas económicas más amplias de China destinadas a lograr una apertura de alto nivel y un desarrollo sostenible.
La normativa de 2017 también se diseñó para facilitar el comercio exterior y la cooperación económica.
Sin embargo, la nueva ley refleja una evolución en la política comercial de China, incorporando disposiciones más detalladas para las prácticas comerciales modernas, un mejor cumplimiento y procedimientos simplificados.
Características principales de la nueva ley
Marco global para los derechos de aduana
La nueva ley introduce un marco más estructurado y detallado para los derechos de aduana, que abarca disposiciones generales, partidas y tipos de derechos, cálculo de los derechos pagaderos, incentivos fiscales y circunstancias especiales.
Este enfoque global garantiza la claridad y la coherencia en la aplicación de los derechos de aduana.
Partidas arancelarias y tipos
La ley especifica que las partidas arancelarias, los tipos y su aplicación deben ajustarse al Arancel de Importación y Exportación de la República Popular China.
Clasifica los tipos arancelarios en tipos de nación más favorecida (NMF), tipos convencionales, tipos preferenciales y tipos generales, etc., de forma similar a la normativa de 2017.
Sin embargo, introduce normas más precisas para aplicar estos tipos en función del origen de las mercancías y de los acuerdos internacionales.
Tipos arancelarios provisionales y contingentarios
La nueva ley mantiene el concepto de tipos arancelarios provisionales y contingentarios, pero proporciona directrices más claras sobre su aplicación.
Los tipos provisionales pueden aplicarse a las importaciones y exportaciones dentro de unos plazos específicos, y los tipos contingentarios se fijan para las mercancías sujetas a contingentes arancelarios.
Esto garantiza la flexibilidad para responder a las cambiantes condiciones comerciales y proteger a las industrias nacionales.
Cálculo de la cuota tributaria
Los derechos de aduana se calculan en función del valor imponible, la cantidad de la mercancía o una combinación de ambos.
El valor imponible se basa principalmente en el precio de transacción y los gastos relacionados, como el transporte y el seguro, cuyos criterios proporciona la nueva ley, garantizando la claridad y la equidad en las evaluaciones aduaneras.
Incentivos fiscales y casos especiales Aranceles
La ley especifica que los artículos libres de impuestos incluyen mercancías dentro del límite de exención establecido por el Consejo de Estado, materiales publicitarios y muestras sin valor comercial, y artículos dañados o perdidos antes del despacho de aduanas, etc.
La ley prevé reducciones arancelarias en casos como mercancías dañadas antes del despacho de aduanas, disposiciones de tratados internacionales o exenciones legales.
Además, el Consejo de Estado puede formular políticas arancelarias preferenciales basadas en los intereses nacionales y otras necesidades.
Las mercancías con derecho a reducción o exención de aranceles deben someterse a los procedimientos pertinentes exigidos por la ley.
Confidencialidad y cumplimiento
La nueva ley impone una estricta confidencialidad para los secretos comerciales y la información personal a la que acceden las autoridades aduaneras.
También hace hincapié en el cumplimiento de la normativa aduanera, incluidas las sanciones en caso de infracción.
Esto refuerza la confianza en el sistema aduanero y fomenta el cumplimiento entre los comerciantes.
Papel reforzado de la Comisión del Arancel Aduanero
A la Comisión del Arancel Aduanero se le otorgan mayores responsabilidades, entre las que se incluyen la revisión de importantes políticas arancelarias, la propuesta de ajustes del arancel y la interpretación de las partidas y tipos arancelarios.
Esto centraliza la toma de decisiones y garantiza un enfoque coordinado de los derechos de aduana.
Responsabilidades de cumplimiento de importadores y exportadores
La nueva ley impone mayores requisitos de cumplimiento a los importadores y exportadores.
Las empresas deben determinar con precisión el origen de sus mercancías y aportar pruebas legales para evitar tasas arancelarias más elevadas.
El incumplimiento de estos requisitos puede acarrear importantes sanciones económicas y un mayor escrutinio por parte de las autoridades aduaneras.
Implicaciones prácticas para los comerciantes
Énfasis en la certificación precisa del origen de las mercancías importadas
Uno de los elementos cruciales destacados por los expertos es la necesidad de determinar y documentar con precisión el origen de las mercancías importadas.
Según el artículo 19 de la nueva ley, las mercancías sujetas a derechos especiales como los antidumping, los compensatorios, los de salvaguardia y los de represalia requieren una documentación de origen verificada.
Si los importadores no aportan pruebas suficientes o las aduanas no pueden verificar el origen con la documentación aportada, se impondrá el tipo arancelario aplicable más elevado.
Esto hace necesario que los importadores verifiquen y documenten meticulosamente el origen de sus mercancías para evitar derechos de aduana más elevados.
Cumplimiento y regularización de las operaciones de importación y exportación
La nueva ley hace mayor hincapié en la necesidad de que los importadores y exportadores mantengan operaciones coherentes y conformes.
La introducción del sistema de «confirmación del importe del impuesto» permite a las autoridades aduaneras confirmar y recaudar retroactivamente los derechos en un plazo de tres años, incluso en ausencia de infracciones iniciales.
En consecuencia, las empresas deben mejorar sus normas de cumplimiento y mantener registros exhaustivos de los documentos aduaneros durante al menos tres años para facilitar posibles auditorías o confirmaciones fiscales futuras.
Notificación obligatoria de cambios corporativos
Las empresas que experimenten fusiones, escisiones, reestructuraciones de activos, disoluciones o quiebras deben informar de estos cambios a las aduanas, sobre todo si implican impuestos impagados o mercancías en depósito aduanero.
No informar de tales cambios podría acarrear sanciones.
Este requisito garantiza que las autoridades aduaneras puedan hacer un seguimiento de los cambios que afectan a la situación fiscal y arancelaria de las mercancías bajo su supervisión.
Cumplimiento puntual de las obligaciones fiscales y de retención
La nueva ley subraya la importancia del pago puntual de los impuestos y desalienta prácticas como la transferencia u ocultación de activos para eludir los derechos de aduana.
Las infracciones darán lugar a sanciones sustanciales, incluidas multas que oscilan entre el 50% y el 500% del importe del impuesto impagado.
Los agentes de retención también están obligados a cumplir con sus responsabilidades, con sanciones que van del 50% al 300% del importe del impuesto no recaudado o recaudado de menos.
Además, las autoridades aduaneras anunciarán públicamente las empresas con impuestos impagados, y dichas empresas o sus representantes legales pueden enfrentarse a restricciones de viaje.
